La Cámara Federal de Casación Penal recovó un fallo y mandó a juicio oral a una mujer procesada por someter a servidumbre a extranjeros ilegales, entre ellos menores de edad.

La acusada había obtenido la suspensión del juicio a prueba por parte del Tribunal Oral Federal Uno (TOF1), pero esa decisión fue apelada por los fiscales Gabriela Baigún y Omar Plee.

La Sala IV de la CFCP evaluó que a la acusada se le atribuye haber sometido a trabajos forzados y facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el país.

Según constancias de la causa, se empleaba a indocumentados en un taller textil ubicado en Zinny al 1.600 de esta capital donde, de acuerdo a las pruebas reunidas, los ocupantes trabajaban más de 12 horas diarias, a cambio de remuneraciones “insignificantes” y con “pésimas condiciones de habitación, salubridad e higiene”.

Testigos refirieron, además, que los trabajadores eran sometidos a “malos tratos”, debían solicitar permiso para ingresar o egresar del inmueble y cumplían sus “extensas jornadas laborales” en “situación de hacinamiento”.

Los camaristas Juan Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi coincidieron con los fiscales, quienes recordaron que el Estado argentino está obligado a investigar la trata de personas, en especial cuando las víctimas pueden ser mujeres o niños.

Destacaron, además, que la escala penal de los delitos que se le atribuyen a la procesada tornan “inaplicable” la suspensión del juicio a prueba, porque “una hipotética condena superaría el mínimo de tres años”, uno de los requisitos que prevé el artículo 75 bis del Código Penal para conceder la “probation”.