El gobierno de la provincia de San Luis y la intendencia de la capital provincial quedaron enfrascados en una disputa judicial por la realización y la fiscalización de una obra de tratamiento de efluentes cloacales.

El intendente de la Municipalidad de San Luis, Enrique Ponce, cercano al kirchnerismo, planteó ante la Corte Suprema de justicia la inconstitucionalidad de una ley provincial por la cual el gobierno puntano, claramente enfrentado con el gobierno nacional, pretende “fiscalizar” la obra, que se realizará con fondos nacionales.

«Desde el año 2008, en que el Gobierno Provincial acordó con el Municipio de la Ciudad de San Luis realizar las obras de tratamiento de efluentes cloacales, ninguna obra se planificó ni ejecutó», sostiene la demanda, presentada por la intendencia de la capital puntana, patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Roberto Boico.

Según la demanda, ante la falta de realización de las obras acordadas hace seis años, la municipalidad puntana consiguió financiamiento con fondos federales para llevar adelante los trabajos.

«Bastó que (el intendente Ponce) realizara las gestiones y tratativas para obtener el financiamiento con aportes del Gobierno Nacional para el diseño y ejecución de las obras, para que el Gobierno de San Luis, que cuenta con mayoría suficiente en la Legislatura local, emita una ley por la que, en forma auto-contradictoria se asume como ‘fiscalizador'», sostiene la acción judicial, radicada ante la oficina de “Juicios Originarios” de la Corte Suprema.

El gobierno de San Luis –cuestiona la demanda- se «instituye como Autoridad de Aplicación de la Ley a su Ministerio de Medio Ambiente, con facultad de aplicar fuertes sanciones al Municipio, pero sin definir cuáles serían las faltas o mal obrar de la administración municipal que habilite la aplicación de fuertes sanciones punitivas».