La Corte Suprema resolvió que la Justicia Federal atienda un reclamo de la Cervecería y Maltería Quilmes contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un supuesto pago discriminatorio de impuestos.

El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, resolvió que el juzgado en lo Contencioso Administrativo número seis, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, se haga cargo del expediente.

Quilmes planteó una “acción declarativa de certeza” contra el Gobierno porteño, “frente a las limitaciones impuestas a la aplicación de los beneficios impositivos por el ejercicio de actividades industriales desarrolladas en establecimientos radicados en la jurisdicción local”.

Se trata del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 12/2003 a 2/2012.

“La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos aplicó un mecanismo de diferenciación de la base imponible de la actividad industrial que desarrolla -fabricación de bebidas gaseosas- en un establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, fundándose en la presunción de foraneidad de una parte de la producción de bebidas vendidas en la jurisdicción local”, explica el expediente.

Quilmes cuestionó la carga tributaria argumentando que “es un contribuyente inscripto en el Convenio Multilateral y que el criterio seguido por el fisco local dio lugar a la determinación de oficio que se le practicó en concepto de diferencias impositivas en el impuesto sobre los ingresos brutos”.

Ello -adujo- significó “una imposición discriminatoria en el gravamen”.

La procuradora general adjunta, Laura Monti, entendió que en la causa se debe determinar “si existe la mentada violación constitucional”, y ello es resorte del fuero federal.

La Corte, en su último acuerdo, coincidió con ese criterio.