La Legislatura de Tierra del Fuego tratará una batería de vetos que les llegó de la gobernadora Fabiana Ríos; el más polémico, el de la ley que creó el Fondo de financiamiento para obras de infraestructura en las municipalidades de Río Grande y Ushuaia.

Otros vetos son los gastos corrientes presupuestados para la Procuraduría Penitenciaria por 2.247.100 pesos, el nuevo horario de apertura bancaria de 8 a 13 horas, la modificación del artículo 25 de la ley 90 sobre un aumento a los agentes del ministerio de Trabajo por su función de “policía”, y el veto parcial a la modificación de la ley 927 que regula el Colegio de Profesionales de Enfermería y el manejo del sistema de matriculación.

Además, se tratará el veto al proyecto por el cual se buscó establecer una zona de uso especial en el sector de playa de la Reserva Costa Atlántica para la extracción de áridos por parte de las canteras, por violación de códigos ambientales y de sitios de valor arqueológico, como el cementerio de la Misión Salesiana.

Por otro lado, está previsto que se apruebe el proyecto de Presupuesto 2016, lo que se interpreta como un mensaje político al futuro gobierno de Rosana Bertone, quien había pedido que no sea tratado hasta la asunción de los nuevos legisladores, en diciembre próximo.

La normativa sería aprobada sin modificaciones, tal cual lo envió diseñado la actual administración de Ríos con un cálculo aproximado de 16 mil millones de pesos.