La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano criticaron la “ineficiencia” del Consejo de la Magistratura de la Nación y sostuvieron que la “sobrerrepresentación” del estamento político y “la falta de consensos” provocaron la “parálisis” del organismo.
La ADC y Poder Ciudadano se refirieron también en tono crítico a la designación de jueces subrogantes y en las “amenazas” a la Corte Suprema de la Nación, y a Carlos Fayt, quien dejó de integrar el máximo tribunal.
La ADC y Poder Ciudadano presentaron el informe “La situación de la Independencia Judicial en la Argentina”, en el cual señalaron lo que a criterio de esas entidades son “los factores que condicionan el accionar independiente de los jueces”.
El documento evaluó la situación del Consejo desde 2006, cuando se modificó la conformación del cuerpo -que interviene en la designación, sanciones disciplinarias y pedidos de remoción de jueces- reduciéndola de 20 a 13 miembros, con preeminencia de los representantes del sector político.
Las entidades, que abogaron por “la reforma del Consejo de la Magistratura”, coincidieron en que “el elevado porcentaje de cargos vacantes, las demoras excesivas en los concursos y la casi nula actividad en materia disciplinaria dan cuenta de la ineficiencia de este organismo”.
Según el informe “la parálisis del Consejo de la Magistratura ha generado un marcado crecimiento de las vacantes y consecuentemente ha provocado un incremento en el número de magistrados subrogantes” y precisó que “en la actualidad el 18,5 por ciento de los jueces son provisorios”.
Agregó que “la crisis del sistema de subrogancias se puso de manifiesto, principalmente, con el dictado de normas contrarias a los estándares mínimos de independencia judicial, muchas de las cuales fueron declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Suprema”.
El informe mencionó “amenazas” a la Corte, “específicamente -expuso- las presiones para que renuncie Fayt y el intento de controlar las designaciones de jueces provisorios” y destacó que “las recientes propuestas de dos candidatos varones al máximo tribunal vulneran la perspectiva de género reconocida en el Decreto 222/03”.
“Este informe -concluyeron- se elaboró sobre la base del documento presentado por la ADC y Poder Ciudadano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 156 período de sesiones llevado a cabo en Washington el 23 de octubre de 2015”.