El Ejecutivo nacional decidió sumar los requisitos para aquellas personas que aspiren a ingresar a las Fuerzas de Seguridad mediante una serie de estudios  y análisis complementarios a los ya existentes.

En ese sentido, recordó que 7 de marzo del 2012, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución N° 131/2012 en la que se instruyó tanto a la Policía Federal Argentina, como a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a que adecúen su normativa interna, criterios de ingreso y formularios, a fin de establecer pautas generales para la organización y realización de los exámenes médicos de aptitud psicofísica a los aspirantes a integrar dichas fuerzas.

“Resulta conveniente modificar la norma en trato, de modo de reforzar las herramientas con las que las Fuerzas Policiales y de Seguridad cuentan para evaluar la aptitud e idoneidad de los aspirantes a ingresar a las mismas, siguiendo el propósito del Poder Ejecutivo Nacional de optimizar y jerarquizar los recursos humanos destinados a tareas de seguridad en el ámbito federal”, se describe entre los considerandos de la nueva norma que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por consiguiente y de manera complementaria a los exámenes médicos de aptitud psicofísica, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por intermedio de sus respectivas áreas competentes, “deberán producir y/o solicitar los informes pertinentes para evaluar antecedentes académicos, condiciones socio-ambientales, antecedentes penales y todo otro elemento que, de conformidad con la legislación vigente, resulte de utilidad para determinar la aptitud e idoneidad de las personas aspirantes a integrar dichas instituciones y permita establecer el correspondiente orden de mérito de ingreso a las mismas”.

A tal fin, agrega la nueva Resolución, se instruye a los jefes de dichas fuerzas para que dicten, en el plazo de treinta días, la reglamentación necesaria a los efectos de instrumentar lo establecido.

Por último se facultó a la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad, en el marco de sus competencias, a requerir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad respectivas los informes, “a fin de evaluar situaciones que pudieren surgir en ocasión del ingreso, asignación de destino, ascenso, baja, retiro, cesantía, exoneración o destitución del personal”.