La ministra de Seguridad nacional se entrevistó de manera individual con el nuevo titular de la Policía Federal, así como también con los de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para comenzar a delinear la agenda de trabajo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 salteño emitió esa pena para los imputados, quienes habían sido aprehendidos en abril del 2018 mientras trasladaban el cargamento escondido entre bolsas de hojas de coca.
La víctima, extranjera y de 19 años, fue rescatada por la Gendarmería Nacional en la localidad de Rufino tras una denuncia en donde se alertaba que era sometida a realizar trabajos a cambio de alimentos, y que además vivía en condiciones precarias.
Tras un juicio abreviado bajo el sistema acusatorio en el que intervino la Unidad Fiscal salteña, el tribunal a cargo del juez Leonardo Bavio emitió esa pena de prisión efectiva, más una multa y el decomiso de una moto en la que se movilizaba el acusado al momento de la aprehensión.
Desde el organismo de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron en contra de la decisión adoptada por el Ministerio de Seguridad nacional de crear un Servicio Cívico de Valores Voluntarios que estará a cargo de la Gendarmería para contener a aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan.
Por medio de la Resolución 598/2019 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores cuyo propósito es el de brindarle oportunidades de formación a jóvenes de 16 a 20 años que se inscriban voluntariamente.
Una persona fue sorprendida por personal de Gendarmería Nacional cuando intentaba ingresar más de seis kilos de cocaína al territorio nacional por un paso no habilitado del Puente Internacional “Aguas Blancas” de la provincia de Salta.
Siete integrantes de Gendarmería Nacional fueron procesados por no haber intervenido ante un siniestro vial en el que una camioneta, manejada por un niño de 14 años de edad, embistió a una moto y causó la muerte de una mujer y heridas de gravedad a otra.
El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, pidió a la Legislatura provincial el desafuero del diputado del Partido Justicialista Alfredo Amín para interrogarlo por un presunto fraude al Estado nacional en 2013, bajo la sospecha de que desde su negocio le vendió con sobreprecios mercaderías a la Gendarmería Nacional.
Funcionarios nacionales y provinciales presentaron el balance con los resultados y estadísticas de los primeros seis meses desde que se puso en funcionamiento el Operativo Conjunto Abierto de Fronteras (OCAF) en ese territorio.