Todavía no se dieron a conocer los fundamentos del veto, que tendrá consecuencias en las cooperativas del interior, que dependen del área de Servicios Públicos de la provincia. Algunas cooperativas tienen dificultades para funcionar por falta de fondos para afrontar sus gastos, entre ellos, el pago de sueldos al personal.

La emergencia que había prorrogado la Legislatura, y que ahora vetó Arcioni, fue aprobada inicialmente por una ley de 2013. Desde entonces, venía siendo extendida, incluso por un decreto firmado por el entonces gobernador Mario Das Neves.

La ley en cuestión refiere que la emergencia abarcaba a la generación, generación aislada, transmisión y distribución de energía eléctrica; y a la captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación y distribución de agua potable. Además todo lo referido al tratamiento de efluentes Cloacales.

En relación al personal, la ley aclaraba que “deberán evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, previsional y de obra social, como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo previamente celebrados. Este principio de protección del trabajador no se aplicará a cargos políticos”.