El proyecto regula la organización, administración, dirección, fiscalización, e instrumentación de la disposición o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles del Estado.

Para el radical, de aprobarse la ley se le estarían otorgando al gobernador “amplias facultades para vender los inmuebles desocupados, ya que no requerirá de la autorización de la Legislatura de Córdoba en esos casos”, lo cual violaría la Constitución Provincial.

También manifestó que “si esta medida se toma porque a la provincia le faltan recursos, se debe buscar otro mecanismo de recaudación que no pase por disponer del patrimonio inmobiliario provincial”.

Bee Sellares recordó que el artículo 104 de la Constitución establece que “corresponde a la Legislatura Provincial legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial”.

El proyecto establece que cualquier acto de disposición de bienes inmuebles será siempre autorizado por ley, pero que sin perjuicio de ello, el Gobernador podrá disponer de aquellos inmuebles desocupados y que no sean requeridos por ninguna otra jurisdicción y lo podrá hacer en forma de venta directa fracasados los procedimientos de licitación, subasta electrónica o remate público.