Según precisaron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, en la Provincia de Buenos Aires hay 42.000 personas detenidas en cárceles, lo que equivale a cerca del 50% de la población carcelaria a nivel nacional. De esa cantidad, 1.172 tienen más de 60 años de edad, siendo que entre los adultos mayores presos en la Provincia la gran mayoría son varones (las mujeres representan el 5% dentro de esa franja de edad).
Asimismo, el estudio de la Defensoría que fue elaborado a partir de datos oficiales, se basa -entre otros tratados internacionales- en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que determina los sesenta años como inicio de la franja en la que se encuentran los adultos mayores.
“Como principal vulneración de derechos de este grupo en las cárceles bonaerenses aparece la falta de acceso a la salud. Durante el tiempo en que pasan detenidos, sufren enfermedades crónicas tales como hipertensión, hepatitis C, afecciones respiratorias, SIDA o enfermedades hepáticas. Estas situaciones empeoran de acuerdo al género. Las mujeres encarceladas presentan, además, altas tasas de trastornos mentales, como ansiedad o depresión, a menudo vinculados con experiencias traumáticas anteriores”, consignaron desde el organismo.
En ese sentido, agregaron que si se tienen en cuenta los múltiples factores de riesgo, como las condiciones de detención, falta de tratamiento médico y acceso a medicamentos, género y franja etaria, la salud de los adultos mayores se deteriora rápidamente dentro de la cárcel.
“La comunidad de adultos mayores resulta en especial vulnerable por su dependencia a terceros. Si tomamos en cuenta que los malos tratos hacia las personas mayores es un serio problema de salud pública, es necesario atender especialmente la situación de este grupo dentro de la población carcelaria”, expresó el ombudsman bonaerense, Guido Lorenzino.
Por otra parte señalaron que otro de los graves problemas que atraviesan los adultos mayores está vinculado a su vida laboral, puesto que la falta de programas de capacitación laboral, sobre todo aquellos vinculados al conocimiento de herramientas digitales y nuevas tecnologías, hace casi imposible la reinserción laboral de los que salen en libertad.
“Es necesario que se dispongan los recursos necesarios para que los adultos mayores detenidos puedan acceder a un tratamiento de salud adecuado y a programas de capacitación que los preparen para el mundo laboral actual”, agregó Lorenzino, quien también sugirió que las acciones que se adopten estén basadas en la convención específica para adultos mayores, las “Reglas de Brasilia” y, en el caso de mujeres, a la “Convención de Belén do Para” y CEDAW.
