El abogado Pablo Argibay Molina consiguió que el broker argentino Hernán Arbizu, requerido en extradición por Estados Unidos por una presunta defraudación a la consultora internacional J.P. Morgan, se quede por ahora en la Argentina.

El representante legal de Arbizu recusó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien debía someterlo a juicio para decidir si lo enviaría o no a los tribunales norteamericanos.

El juicio de extradición debió realizarse a principios de abril, pero Arbizu -quien se autodenunció ante la Justicia argentina como integrante de una asociación ilícita que lavaba activos y sacaba dinero del país ilegalmente-, cuestionó la imparcialidad del juez que debía juzgarlo.

Arbizu era un operador bursátil de la banca norteamericana y quedó envuelto en una situación irregular con el pago de inversiones en el contexto de la crisis financiera estadounidense tras el estallido de la denominada “burbuja inmobiliaria”.

En la Argentina, fue él quien narró cómo el Grupo Clarín consiguió financiamiento a través de una operación con las ex AFJP, pero perjudicando los ahorros de los jubilados.

La recusación se debió a que el hoy camarista federal Jorge Ballestero “ordenó el día 23 de junio de 2008 la detención de Arbizu” a pedido de Estados Unidos, supuestamente violando la norma de procedimientos para este tipo de procesos.

“Esa decisión de dar curso a un pedido de detención preventiva, violatoria de los requisitos exigidos por el Tratado de Extradición suscripto entre los dos Estados, y que significó arrogarse funciones al Poder Judicial que no le corresponden, provoca la nulidad absoluta de todo lo actuado, con más una hipótesis delictual, la privación ilegal de la libertad de Arbizu”, sostuvieron los abogados.

Según el razonamiento, Martínez de Giorgi tenía, como funcionario público, la obligación de denunciar la supuesta irregularidad, pero no lo hizo porque consideró que esa instancia ya estaba en marcha por la presentación del propio Arbizu.