Puntualmente, se trata del cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

“Será una herramienta sumamente importante en el combate contra la corrupción como sucede en democracias consolidadas. A nivel regional, Bolivia, Chile y Perú son los ejemplos de países que han impulsado reformas en sus legislaciones en materia de protección de denunciantes”, dijo Bee Sellares.

Para el radical, “con este proyecto se incentivará a aquellos que poseen información o son testigos de actos de corrupción y que se encuentran temerosos a represalias contra su persona o sus allegados a que se acerquen a las autoridades competentes a informar estos hechos”.

A nivel nacional, en el Ministerio de Justicia  funciona en la actualidad el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por ley 25.764, que cuenta con medidas de protección en las causas de secuestro, secuestro extorsivo, narcotráfico y terrorismo.

“Este proyecto tiene como objetivo proteger y asegurar el buen funcionamiento del poder público”, concluyó Bee Sellares.