La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó un fallo de primera instancia firmado por el juez Lisandro Fastman. Los camaristas Hugo Zuleta y Gabriela Seijas reivindicaron “el deber constitucional de garantizar la educación a partir de los 45 días y hasta el nivel superior”.

En el caso de la pequeña, cuya identidad permanecerá en reserva por razones legales, “el inicio del ciclo lectivo se ha producido y a la menor no se le ha podido asegurar una vacante en un jardín estatal ni tampoco en una entidad de gestión privada”.

“Se encuentra configurado el peligro en la demora, toda vez que el inicio del ciclo lectivo se ha producido y que a la menor no se le ha podido asegurar una vacante en un jardín estatal ni tampoco en una entidad de gestión privada”, insistieron.

“Sin perjuicio de que no se encuentra acreditado en autos si el GCBA cumplió con el orden de prioridades contempladas en el Reglamento Escolar para la Asignación de Vacantes, se encuentra probado -en el estrecho marco cognoscitivo que caracteriza a las medidas cautelares- que la niña no pudo ingresar al sistema de educación pública, por lo que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, se encontraría acreditada la verosimilitud del derecho”, abundaron.

El Gobierno había apelado la medida invocando “el carácter progresivo que tiene su obligación de brindar el servicio de educación pública”.