El proyecto, que será tratado por la Legislatura provincial, tiene el objetivo de eliminar una práctica desregulada que genera ingresos adicionales al salario oficial de los titulares de los juzgados.

En los últimos meses se conoció que tres jueces de Paz fueron denunciados por intervenir en bodas fuera de la provincia; esas acusaciones están ahora bajo tratamiento de la Comisión de Juicio Político del Poder Legislativo.

El Poder Ejecutivo y la Corte pretenden bancarizar los importes que los contrayentes deben pagar y establecer una tarifa fija. Según La Gaceta de Tucumán, hasta mayo, el servicio del casamiento a domicilio costaba entre dos y seis mil pesos.

La regulación que se analiza estipula que el Poder Ejecutivo establecerá un “arancel especial”. El Gobierno y la Corte precisarán el destino de los montos que recauden en por el servicio, que también podrá ser prestado por el Registro Civil.

El proyecto deja abierta la posibilidad de que los agentes reciban algún tipo de reconocimiento económico por trabajar fuera de las horas hábiles y de sus oficinas. También terminaría con las dudas que genera que los jueces de Paz actúen fuera de su territorio al establecer que será competente para la celebración del matrimonio el oficial público que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes.