El Gobierno porteño no podrá ser querellante contra una agrupación sindical de taxistas acusada de “perseguir” a conductores de Uber.

En 2018, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, denunció que Boeri había convocado, mediante un mensaje interno de un grupo de Whatsapp, a sus colegas a identificar el domicilio del funcionario para concurrir en masa a “escracharlo”.

La causa quedó radicada ante el juez federal Sebastián Casanello. Boeri aún no fue llamado a indagatoria.

La Procuración General porteña pretendía ser querellante por el delito de «asociación ilícita agravada por ser con fines terroristas». El artículo 41 quinquies del Código Penal establece penas de hasta 15 años de cárcel para quien, en el marco de una organización delictiva, obrare «con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse».

La denuncia le atribuye a Boeri haber exhortado a otros conductores de taxis a detectar el domicilio real del secretario Méndez, a quien supuestamente habría calificado de «hijo de re mil putas”. La reacción atribuida a Boeri ocurrió después de que otro taxista fuera procesado y embargado por un altercado con un conductor de Uber.

El fallo que rechazó como querellante al Gobierno porteño fue firmado por los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.