Mauricio Macri sigue pagando por los errores de sus antecesores. Esta vez, el gobierno porteño fue condenado a resarcir con tres mil pesos a una mujer que sufrió la fractura de una pierna cuando caminaba por la vereda.

Pero el dinero no lo cobrará la víctima sino sus herederos, pues la mujer tenía 83 años de edad al caer tras tropezar con una rampa para discapacitados en mal estado emplazada en la intersección de Avenida Córdoba y la calle Paraná, en abril de 2007. Y murió mientras esperaba la sentencia.

La anciana fue atendida en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, donde se le diagnosticó “fractura bimaleolar de tobillo derecho”, lesión por la que “cinco días más tarde fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Británico”.

Lo curioso es que el gobierno porteño adujo que “el poder de policía urbana no puede alcanzar al control específico de cada cuadra de la ciudad”. Pero ello fue calificado como “llamativa defensa” y considerado “inadmisible” por los jueces Carlos Carranza Casares, Beatriz Areán y Carlos Bellucci: “no puede pretenderse que peatones, que tienen derecho y obligación de transitar por el lugar que por la ley les está destinado a la circulación, puedan considerarse, a su vez, obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares que han de suponerse debidamente alisados y expeditos a tal efecto”.