El Estado es responsable por todos los actos que realicen sus dependientes que se desempeñan en fuerzas de seguridad.

Así lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que condenó al Estado Nacional a indemnizar al hijo de una mujer que fue asesinada por su pareja, un prefecto, quien luego se suicidó.

La condena al Estado radica en que el crimen y suicidio fueron cometidos utilizando el arma reglamentaria que le había provisto la fuerza. Los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán cuantificaron la indemnización en 370 mil pesos más intereses a favor de los hijos de la víctima, asesinada el 10 de febrero de 2000 por el prefecto José María Benítez.

El oficial de la Prefectura no se encontraba en servicio y su accionar debió, según el Estado, “encuadrarse en un comportamiento de tipo particular de un ciudadano común”. Pero la Justicia replicó que “el arma utilizada por el suicida-homicida fue una pistola 9mm. provista por la Prefectura Naval Argentina en cuyos cuadros revistaba”, por lo que “hay responsabilidad del Estado toda vez que la Prefectura Naval ha reconocido que el autor del daño era su dependiente, y no ha negado que el arma utilizada para provocar la muerte de la víctima perteneciese a esa institución naval”.