La acción de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, según indicaron, se basó en una serie de denuncias que alertaron sobre diferentes maniobras de los bancos privados para no otorgar estos créditos, ya sea por la dilación en el otorgamiento de turno, información poco clara o precisa, ausencia de respuestas concretas, o bien denegación expresa incluso antes de analizar el caso específico.

Por ese motivo, el organismo realizó una presentación al Banco Macro, al Patagonia, al Comafi, al Galicia, al Santander Río, al Columbia, al HSBC, al BBVA, al ICBC y al Credicoop Cooperativo Limitado, en donde reclama que no continúen con esas prácticas vulneratorias de derechos, y que a la vez cumplan con lo dispuesto por los decretos que fijaron las características de los préstamos que deben otorgar.

“Nos encontramos con personas que acuden a los bancos en busca de una ayuda que logre paliar la situación que atraviesan en este momento crítico y se encuentran con que las entidades no sólo priorizan su ánimo de lucro, sino que dificultan que quienes tienen dificultades puedan encontrar soluciones”, manifestó al respecto el ombudsman bonaerense, Guido Lorenzino.

Ante ese panorama, consideró que la conducta de los bancos va en contra de los derechos de trato digno y equitativo fijados en la Constitución Nacional, lo que prohíbe poner a las personas, en este caso el eslabón más débil en la cadena de consumo, en situaciones vejatorias, vergonzantes o humillantes.

“Esperemos que los bancos cesen con este comportamiento, sino iniciaremos acciones legales para que se respete la normativa de defensa de usuarios y consumidores, además de la legislación civil y comercial, y penal”, agregó Lorenzino.