Según los imputados en la causa de la tragedia de Once (entre ellos el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi), el gobierno nacional no tenía pleno control sobre la utilización que TBA hacía con los subsidios.

El Estado Nacional carecía de poder suficiente para controlar qué utilización le daban los responsables de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) a los subsidios que recibían por la concesión del servicio ferroviario del Sarmiento.

Así lo deslizaron los ex funcionarios que declararon como imputados en la causa en la que en los próximos días el juez federal Claudio Bonadío deberá resolver sobre la situación procesal de los indagados.

Según documentación presentada en la causa, sólo cuando después de la tragedia del 22 de febrero pasado que causó la muerte de 51 personas, el gobierno dispuso la intervención de TBA y el quite de la concesión, hubo un efectivo control de esos fondos.

Según los imputados, en especial el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, los contratos de concesión del servicio ferroviario firmados durante el gobierno de Carlos Menem impedían el efectivo control de los subsidios.

Al declarar ante Bonadío, Schiavi recordó que cuando asumió el cargo, en 2009, impulsó la renegociación del contrato con TBA ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos Públicos (UNIREN), con el objetivo de disponer de poder para controlar el destino de los subsidios.

El sucesor de Ricardo Jaime explicó que su objetivo era “subsidiar a los usuarios y no a las empresas”, lo que -insistió- le generó una tensa relación con los Cirigliano, titulares de TBA.

La UNIREN se pronunció contra la renegociación del contrato el 17 de mayo de 2012, tres meses después del siniestro.