La Unidad de Información Financiera (UIF) recordó que desde la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor durante el gobierno de Cambiemos “hubo un aumento significativo en la formación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Esa normativa, que implicó facilitar en la tramitación de nuevas sociedades comerciales, presenta importantes vulnerabilidades debido a la posibilidad de utilizar este tipo de entidades para ocultar a los beneficiarios finales a través del uso de prestanombres o testaferros, como también para generar organizaciones pantalla”.

“Las SAS reúnen una serie de particularidades que la tornan frágil ya que estas compañías se vinculan con la extrema simplificación de los trámites de constitución, desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de sus deberes bancarios, tributarios y societarios. Por ejemplo: no están sujetas a la fiscalización del Registro Público en su constitución ni durante su funcionamiento, disolución y liquidación”, explicó el organismo.

Entre las “vulnerabilidades”, la UIF enumeró: “pueden constituirse con muy poco aporte capital, ser administradas por terceros ajenos y tener un objeto muy amplio, lo que les permite canalizar el capital en diversos y muy variados circuitos comerciales y mercados formales e informales”.

El organismo comprometió su participación para operar per sé y en colaboración en causas judiciales para “investigar en profundidad a los Sujetos Obligados que presenten este tipo organización”.