No sólo los represores, sino también un fiscal, quien los acusó de conculcar derechos de imputados, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El planteo ya había sido rechazado en dos instancias, pero llegó en apelación al máximo tribunal penal.

“La decisión impugnada, por su naturaleza y efectos, no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella, ya que no se trata de un auto que pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, dijeron los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

“La querella tampoco alcanzó a demostrar el agravio de tardía, imposible o insuficiente reparación ulterior que le ocasiona la decisión dictada, a efectos de intervención equipararla de esta a definitiva “, añadieron, al justificar el rechazo.

La denuncia fue iniciada por la defensa de uno de los imputados y ampliada luego.

Los denunciantes consideraron que “no estaban dadas las condiciones de imparcialidad” y denunciaron “un trato abusivo”, puesto que dos de los acusados -murieron mientras se sustanciaba el juicio- padecían severos problemas de salud, pese a lo cual fueron obligados a asistir a las audiencias.