El abogado Carlos Tórtora, director de la publicación digital El Informador Público, denunció a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto “encubrimiento”, a raíz de la firma del decreto de intervención y que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone).

La denuncia fue presentada antes de que el Congreso tratara la expropiación, simultáneamente a la investigación judicial en la que aparece salpicado el vicepresidente, Amado Boudou.

La causa lleva el número 8321/12 y quedó radicada en el juzgado Federal a cargo de María Servini de Cubría.

A lo largo de dos carillas, Tórtora sostuvo que mediante el decreto 1338/12 “la administración de la empresa investigada quedó a cargo de dos funcionarios estrechamente ligados al principal investigado en la causa”, Boudou.

El abogado achacó a Cristina Fernández de Kirchner el delito contemplado en el artículo 277, inciso a) del Código Penal, que establece que “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.