Finalmente, el Gobierno nacional decidió volver sobre sus pasos para hacer lugar a que la Argentina pueda acceder a vacunas contra el COVID-19 de otros laboratorios luego de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, anunciaran en conferencia de prensa la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el fin de adecuar la legislación local y poder facilitar el arribo de las mismas.

Si bien apenas 24 horas atrás el Ejecutivo había contado con la posibilidad de que ese procedimiento fuera modificado por la vía parlamentaria -oficialismo y aliados se mostraron en contra de votarlo en el recinto- las mencionadas funcionarias, tras una jornada cargada de versiones, terminaron confirmando que la regulación al final saldría desde la Casa Rosada y con la firma del Presidente Alberto Fernández.

En concreto, Ibarra explicó que entre las modificaciones que se verán reflejadas en la norma que estará publicada en el Boletín Oficial se suprimirá la palabra “negligencia” como supuesto de responsabilidad para los fabricantes de vacunas contra el coronavirus, al tiempo que el Estado nacional establecerá el modo en que recibe conforme las vacunas.

Además, agregó que se quitará de la ley actual la expresión “malicioso o fraudulenta” y se utilizará en su lugar “conductas dolosas”, a la vez que el país tendrá inmunidad soberana todos los bienes del Estado.

Otra de las particularidades comentadas por la secretaria Legal y Técnica es que se creará un “fondo de compensación COVID-19” para eventualmente indemnizar a quienes puedan resultar dañados tras recibir la vacuna.

“Hay un fondo que responde, y si no lo hace es el Estado el que se haría cargo de eso. Este fondo se crea para vacunas COVID  y existe en COVAX y en muchos países”, especificó.