Se conoció, por publicación en el Boletín Oficial, una de las razones por las cuales el gobierno apuró la ley de extracción compulsiva de ADN: una demanda contra el Estado argentino formulada por Abuelas de Plaza de Mayo ante el tribunal internacional.

(Cuarto Intermedio  – 27 de noviembre de 2009) – Según el decreto 1800/2009, el Estado y Abuelas llegaron a un “Acuerdo de Solución Amistosa” en el marco de la denuncia presentada por las abuelas Inocencia Luca de Pegoraro y Angélica Chimeno de Bauer por la “responsabilidad del Estado Argentino por el fallo dictado por la Corte Suprema que no hizo lugar a la extracción compulsiva de una muestra hemática de Evelin Karina Vázquez Ferra a los fines de determinar su identidad por medio de un análisis de ADN”.

El caso es conocido: la joven se negó a someterse al análisis genético porque esa prueba serviría para condenar a quienes considera sus padres adoptivos y, en realidad, son sus apropiadores.

“El Estado Argentino reconoció que las peticionarias tienen derecho a que el Estado adopte medidas hábiles, que puedan contribuir eficazmente en la obtención de justicia, en aquellos casos en los que sea necesaria la identificación de personas mediante métodos científicos que requieran la obtención de muestras para su realización”, sostuvo la “solución amistosa”.

El acuerdo fue firmado el 11 de septiembre de 2009. Dos meses después, el Congreso sancionó la ley de extracción compulsiva de ADN.