La causa tiene tres imputados: uno de ellos es el ex secretario general de Atech, Santiago Goodman; y los otros dos son también dirigentes sindicales.

El debate comenzará con el testimonio de los periodistas, que fueron los primeros en llegar al lugar, incluso antes que el personal policial de refuerzo. La prueba principal que se obtuvo fue aportada por los cronistas, y constituye un aporte preponderante para el desarrollo del proceso, de acuerdo con lo que precisó El Chubut.

Los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en Legislatura y luego en Casa de Gobierno. La fiscalía anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los tres imputados (el delito de incendio prevé penas de tres a diez años de prisión).

La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por sesenta testigos presenciales.

La fiscal general, Florencia Gómez, fundamentó su acusación en “la educación y posición socio cultural” de los imputados, que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”. Y a pesar de ello, “no cesaron en su cometido”, considerando las dimensiones del “daño causado”. A favor, tuvo en cuenta que no poseen antecedentes condenatorios.