Ya hay causa judicial por la sorpresiva desaparición de expedientes vinculados con la “Causa Ciccone”.

Por sorteo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de la denuncia penal contra el vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Justicia, Julio Alak, y las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La denuncia fue presentada por Juan Ricardo Mussa, quien a partir de una publicación periodística promovió una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, robo calificado, asociación ilícita y encubrimiento agravado.

Los expedientes desaparecidos son, según la publicación, los registros de la Compañía de Valores Sudamericana, London Supply y de The Old Fund, todas relacionadas con el rescate de la ex Ciccone Calcográfica.

“Desde la IGJ no se pueden extraviar, solo se pueden robar por los funcionarios a cargo del resguardo de tan importante legajo”, sostuvo Mussa en su escrito.