Se trata de un reclamo que surge a partir de los inconvenientes relevados por la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), institución socia de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De acuerdo a lo especificado, entre los principales puntos de preocupación de las empresas afectadas se encuentra la mora, por parte de algunas reparticiones nacionales, en el pago de contrataciones ya cumplidas, sin obtener respuesta alguna a los reclamos efectuados ante la Tesorería General de la Nación (TGN) y los ministerios implicados.

“Debe advertirse que el atraso en el pago de las deudas del Estado por compra de bienes y servicios a empresas nacionales constituye una forma de financiamiento del Tesoro a costa del sector privado, sin que éste haya prestado su consentimiento o reciba contraprestación alguna, ya que este además el proveedor ha anticipado el pago de los impuestos derivados de las facturas pendientes de cobro”, se expresó.

Por su parte, la presidenta de UAPE, Irma Rosales, contó que existen “retrasos significativos” en el pago de los contratos finalizados, con facturas que se encuentran en TGN desde el mes de febrero de este año y algunas del año anterior, respecto de contratos que no tienen cláusula de reajuste, “lo que representa una ruptura de la ecuación económica en perjuicio del proveedor”.

Asimismo, otro problema relevante registrado por las empresas proveedoras del Estado son los relacionados a las trabas en las importaciones, siendo -afirmaron- “particularmente alarmantes” las relativas a la salud de la población, incluyendo reactivos de diagnóstico destinados a los programas nacionales y provinciales de control y lucha de enfermedades como hepatitis, HIV, cáncer y controles del recién nacido, entre otros.

“El Estado nacional sigue comprando al día de hoy, sin abonar los contratos ya cumplidos, y en muchos casos, existen procesos donde se ve imposibilitado el cumplimiento por las restricciones para importar insumos derivadas de las medidas del propio Estado, con el agravante que el no cumplimiento puede implicar multa y/o sanción, y hasta suspensión del proveedor”, agregó la titular de UAPE.

La CAC, por tanto, exhortó a las autoridades competentes a que en el menor plazo posible arbitren los medios para revertir este escenario. “Una administración pública eficiente y transparente, que honre los compromisos que asume, es condición necesaria para el crecimiento del sector privado y el progreso económico y social que nuestro país demanda”, enfatizaron.