El escándalo desatado por la cámara oculta realizada por el programa de Jorge Lanata que echó por tierra supuestas operaciones de lavado de dinero que involucran a un empresario cercano al ex Presidente Kirchner, provocó no solo la inmediata reacción de opositores, sino también de quienes aspiran a obtener nuevamente un lugar protagónico dentro de la política en procura de serlo.
“Nunca pensé que tenía esta dimensión la amistad de Kirchner con Báez… Todo lo que hacía Báez lo hacía desde Santa Cruz y si alguna vez lo crucé ocasionalmente, no lo recuerdo”, manifestó el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández en declaraciones radiales, quien además dijo haber quedado muy impactado y preocupado con lo exhibido en el programa. “Si ocurrió, me genera un nivel de decepción muy grande”, agregó.
Sin embargo, hay un “antiguo” vínculo que el ex funcionario kirchnerista no puede negar y que hasta hace presuponer (por lo menos) que fuera imposible que no estuviera al tanto de la existencia de Lázaro Báez, puesto que la magnitud de los negocios y emprendimientos llevados a cabo por el empresario santacruceño, de seguro eran monitoreados (como se hace con cualquier empresa) por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): el titular de esa entidad por aquel entonces, eran nada más ni nada menos que su antigua mano derecha de confianza y posterior sucesor en la silla de la Superintendencia de Seguros (durante el gobierno de Carlos Menem), Claudio Moroni. Incluso, años más tarde, fue el propio ex jefe de Gabinete quien anunció -en mayo de 2008- la designación de Moroni al frente de la entidad recaudadora, junto con la de Amado Boudou en la Anses (según las informaciones que circulaban por esos días en los medios de comunicación, Fernández siempre fue considerado como su “jefe político” y fue esa misma razón, por la que a fines de ese año Moroni deja la AFIP tras la partida del ex jefe de Gabinete del gobierno).
¿No sabía entonces Fernández, siendo tan próximo a Moroni y habiendo compartido infinidades de encuentros a título personal y público, de la existencia de un importante contratista de obra pública de Santa Cruz? ¿Ni siquiera lo registró en los reiterados asados y “picaditos de fútbol” que organizaba el ex Presidente para sus más cercanos? ¿Moroni nunca le comentó, quizás y en ocasión que comandaba los destinos de la AFIP, de por cómo manejarse con el amigo personal de Kirchner en el caso de que surgiera algún problema impositivo?
De hecho, hubo un recordado episodio con tintes escandalosos que involucraron directamente a Moroni, y se trató cuando este, a raíz de una denuncia que efectuara la Dirección General Impositiva (DGI) por la evasión de unos 400 millones de pesos en facturas apócrifas de una empresa que vinculaban a Lázaro Báez, optara inmediatamente por “desactivar” la investigación (que más tarde sería cerrada por la Justicia), forzando la salida de toda la cúpula que la llevó adelante: en agosto de 2008, Norman Williams (jefe de la oficina de Comodoro Rivadavia), Jaime Mecikovsky (subdirector de Operaciones Impositivas) y hasta el propio titular de la DGI, Horacio Castagnola, fueron reemplazados en sus cargos y nunca más se mencionó, puertas adentro, el tema de las irregularidades sobre contratistas de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Raro desenlace, si los hay, para un grupo de funcionarios que en vez de haber sido reconocidos por desenmascarar un caso de fraude relacionado al lavado de dinero, fueron literalmente sacados del medio.
Es por ello que a las claras, cuesta entender cómo un ex funcionario que ocupó un importante lugar del riñón gubernamental como Fernández, se haya mantenido ajeno al “run-run” de los pasillos de la Casa Rosada y que en vez de encogerse de hombros ante lo denunciado, no aporte o desmienta las acusaciones que involucran a la entidad que presuntamente hacía la vista gorda a la actividad comercial de un empresario muy cercano al ex Presidente. Más aún, cuando dicha entidad, estuvo comandada durante un tiempo por una persona de su extrema confianza.
