Con 27 votos afirmativos, la Legislatura de Chaco sancionó una ley por la cual se establecen límites al uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia, con el objetivo de prevenir la planificación, dirección y comisión de delitos.

En concreto, la norma determina que el Ministerio de Seguridad deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia, y que bajo ningún aspecto los mismos y las acciones destinadas a inhibir, bloquear o anular la señal de telefonía celular e internet en el interior de los centros de reclusión podrán afectar a las comunidades aledañas.

Por otro lado, la iniciativa establece que se deberá garantizar el derecho a la comunicación de los internos mediante la instalación de teléfonos públicos fijos o inalámbricos, o los que proporcionen una comunicación controlada en las diferentes penitenciarías. En este caso -especifica- los teléfonos fijos alámbricos o inalámbricos deberán ser programados para reproducir, al inicio de cada comunicación, un mensaje pregrabado, en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada.

“Este tema fue debatido ya el año pasado en esta Legislatura, en la cual uno ya ha tomado posición. Este dictamen se da en virtud del avance de la tecnología y el acceso a medios tecnológicos de medios de comunicación en cárceles y las consecuencias que vivió la Argentina y el Chaco en virtud de que algunos usaban a los efectos de continuar cometiendo ilícitos llámese extorsión, amenazas, entre otros desde el alojamiento de los presos. En ese sentido se planteaba controlar y limitar el uso de la tecnología para prevenir este tipo de conductas”, explicó el presidente de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, Darío Bacileff Ivanoff.

Por su parte y en representación del Bloque Justicialista, el diputado Nicolás Slimel expresó su acompañamiento a la propuesta entendiendo que “este proyecto viene a ordenar y regular el uso de los dispositivos móviles para las personas que están privadas de su libertad, consideramos que debe haber un criterio humanístico para que no sea violatorio para ningún tipo de derecho”.