Crean Comisión que estará encargada de revisar precios de contratación de obra pública

Por medio de la Resolución 542/2024 publicada en el Boletín Oficial, se dio creación a una Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Por Cuarto Intermedio

El Ministerio de Economía de la Nación creó, con carácter “ad hoc”, la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios, la cual tendrá entre sus funciones coordinar y unificar los criterios de trabajo en el ámbito del mencionado Ministerio, así como de todos los organismos descentralizados, empresas y entes del Sector Público Nacional actuantes en su órbita, en los procesos de Redeterminación de Precios; y elevar informes periódicos al Ministerio de Economía respecto del estado de avance de las redeterminaciones de precios de obras en trámite ante la cartera que conduce Luis Caputo.

De la misma manera, también intervendrá y emitirá informe técnico en las licitaciones a realizarse, verificando la exigencia en los pliegos de la documentación a presentar por los oferentes, con relación al Régimen de Redeterminación de Precios que corresponda; elevar las consultas, solicitudes y requerimientos que deban efectuarse a la Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional; y realizar el seguimiento y control de cumplimiento de la revisión final de las redeterminaciones de precios, previa a la aprobación del certificado final de obra.

Dicha Comisión estará conformada por cuatro miembros permanentes y será presidida por el titular de la Secretaría Legal y Administrativa, e integrada por los titulares de la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda; y la Secretaría de Transporte, todas ellas en el ámbito del Palacio de Hacienda.

Por otro lado, se aclaró en la medida que la asignación de funciones dispuesta no ocasionará erogación presupuestaria adicional para el Estado Nacional.