La gobernación de Córdoba informó que el estudio que se realizó Martín Llaryora fue en cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el 26 de abril pasado, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

Dicha prueba -que puede concretarse en establecimientos públicos y privados- es obligatoria para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”.

La norma, además, indica que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como narcotest.

Por otro lado y en caso de incumplimiento del artículo 66 -que exige el certificado negativo expedido por la institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales- la ley prevé la aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.

Finalmente, la reglamentación aclara que se comunicará dicha circunstancia a la autoridad competente, a la vez que se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.