Miguel Ángel Torra, imputado por delitos de lesa humanidad, obtuvo de parte del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, el beneficio de la prisión domiciliaria. Ello fue apelado por el fiscal de la causa, pero la Cámara Federal de Bahía Blanca lo decidió en primera instancia.

Ahora, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que debe revocarse una resolución que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a un imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

Gils Carbó dictaminó que para conceder la detención domiciliaria, incluso a un imputado mayor de 70 años, “se deberían brindar argumentos que demostraran que el encarcelamiento… provocaría alguna de las dos consecuencias que la ley está encaminada a evitar”, esto es, “el trato cruel, inhumano o degradante del detenido o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar”

“Sólo en ese caso la concesión de la detención domiciliaria estaría bien fundada”, concluyó la procuradora que dictaminó por hacer lugar al recurso y revocar la decisión de primera instancia y se dicte otra que contemple la “situación completa” del imputado.