El proyecto fue aprobado en el Senado provincial y será sancionado en las próximas semanas. La obligación alcanza al gobernador, ministros, legisladores, jueces y fiscales.

Un proyecto que busca alinear a la Provincia de Buenos Aires con las exigencias que rigen a nivel nacional en torno a la publicidad del patrimonio de los funcionarios fue aprobado en el Senado bonaerense. La iniciativa, que recién sería sancionada tras el receso invernal, establece un régimen de la ética por el cual los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial deben presentar declaraciones juradas una vez al año, con el objetivo de aumentar la transparencia de sus gestiones.

La Ley de Ética Pública -tal como se la conoce- lleva la firma de los presidentes de los bloques del Frente para la Victoria (FpV), Cristina Fioramonti, y del GEN, Ricardo Vázquez. En rigor, se trata de una iniciativa que impulsó el kirchnerismo a principios de año en el marco de la polémica abierta en torno a los bienes patrimoniales del gobernador Daniel Scioli.

De aprobarse en Diputados, esta ley será de aplicación a los Magistrados y Funcionarios Públicos de la provincia de Buenos Aires que en forma permanente o temporaria presten servicios remunerados u honorarios en cualquiera de los Poderes Públicos del Estado Provincial o Municipal, Entidades Descentralizadas, Entes Autárquicos, Organismos de Control, Empresas Estatales, o con Participación Estatal Mayoritaria, Entidades Financieras y Fondos Fiduciarios integrados con fondos o aportes del Estado.

El proyecto propuesto para la provincia pretende poner en línea la jurisdicción provincial con la Ley Nacional N° 25.188, ampliando los funcionarios alcanzados por la obligación de realizar declaraciones juradas, especificando los términos en los que debe realizarse la declaración jurada y creando una Secretaría Provincial de Transparencia en la Función Pública, que posea independencia funcional y financiera, y que centralice la totalidad de las declaraciones juradas de los funcionarios que se encuentren alcanzados por la norma.

El proyecto, además, establece que los funcionarios de los poderes del Estado, incluyendo al Gobernador, Vicegobernador, Diputados, Senadores, Jueces, Fiscales, Ministros; intendentes etc., deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la asunción en el cargo. Esta presentación deberá actualizarse anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.

La ley vigente establece que los funcionarios deben realizar las presentaciones de sus declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno, pero cada Poder y cada Municipalidad, debe reglamentar las sanciones a aplicar en caso de no darse cumplimiento a lo determinado en la norma, como así también, establecer los requisitos que deberán reunir las declaraciones juradas.