El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza consideró al acusado como autor del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas” durante la última dictadura militar en la ciudad de San Rafael.
El proceso judicial contra los 28 acusados será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°1. Se juzgarán los crímenes cometidos contra más de 300 víctimas en el denominado D-2 -tal como se conoció a aquella dependencia policial de esa provincia- durante la última dictadura.
Así lo dispuso en Concepción del Uruguay el titular del Juzgado Federal N°1 respecto a los dos imputados, quienes están señalados por los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia, torturas y asociación ilícita.
Los ex uniformados provinciales recibieron penas de prisión de 14 años y 6 meses y de 17 años por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en perjuicio de cuatro militantes de la agrupación Montoneros.
De acuerdo a la actualización trimestral sobre las principales variables estadísticas relativas al proceso de “verdad y Justicia”, durante ese período fueron condenadas 1.070 personas. Además, hay 750 personas detenidas, de las cuales 565 permanecen cumpliendo arresto domiciliario.
El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca indagó a Ernesto Emilio Ramón Etchart, quien fue capturado en Ushuaia tras permanecer prófugo de la Justicia. Está acusado por secuestros y torturas contra 16 víctimas, y por violencia sexual en perjuicio de una mujer durante la dictadura.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia inició el proceso judicial contra diez militares acusados por el secuestro, detención ilegítima de la libertad y tormentos cometidos contra cinco víctimas. Dos de ellos, cabe mencionar, eran militantes políticos que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio.
Se trata de tres uniformados retirados acusados por el crimen de dos hombres, su privación ilegal de la libertad, y las torturas padecidas junto a otras 18 víctimas. Los hechos ocurrieron en 1976, en la Sección “San Nicolás” del Destacamento 101 de Inteligencia.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 porteño consideró al acusado como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones doblemente agravada e imposición de tormentos.
La Justicia de la ciudad de Campana ordenó la detención y posterior prisión preventiva de dos ex uniformados acusados por los crímenes perpetrados en el caso conocido como la “Masacre del río Luján” ocurrido en 1975. Además, hay un tercer involucrado que fue procesado por “encubrimiento”.