Bajo esa modalidad, el pasado 24 de julio se reanudaron las audiencias del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, en el cual se juzga a 6 ex miembros del Servicio Penitenciario Federal y a 2 ex militares por 50 homicidios y 370 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.
El ex juez federal santafesino, Víctor Hermes Brusa, seguirá detenido cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El acusado también está próximo a afrontar otro juicio oral y público.
Tras la solicitud del fiscal general subrogante, Pablo Camuña, el Tribunal Oral Federal de esa provincia dispuso que se revoque el beneficio para el ex uniformado luego de que el sistema de monitoreo electrónico registrara múltiples violaciones a las condiciones de la prisión domiciliaria.
El represor de la última dictadura, Jorge Antonio Olivera, continuará detenido por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que tomó en cuenta que estando preso en una oportunidad anterior aprovechó para escaparse y permaneció prófugo durante cuatro años.
El juicio oral por las violaciones a los derechos humanos en los centros clandestinos de detención (CCD) conocidos como “Pozo de Banfield” y “Pozo de Quilmes”, previsto para el 5 de mayo próximo, será postergado en sintonía con la pandemia del coronavirus.
Dos acusados de represión durante la última dictadura militar obtuvieron por segunda vez un fallo favorable de la Cámara Federal porteña, que los benefició con sendas “falta de mérito”.
La Justicia comenzará a juzgar a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, quienes fueron imputados por los delitos de “homicidio” y “asociación ilícita” por la muerte del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, ocurrido en el ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur el 3 de abril de 1975.
En plena feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prórroga de la prisión preventiva para el acusado por violaciones a los derechos humanos, Juan Carlos Jones Tamayo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323 en Jujuy e imputado como uno de los responsables de “La Noche del Apagón”, en Ledesma.
El probable futuro procurador general de la Nación, Daniel Rafecas, se anotó un nuevo éxito en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura: la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva para un ex represor del Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como Mansión Seré.
La Cámara Federal de Casación confirmó que un represor de la última dictadura deberá volver a prisión tras ratificar la nulidad de un fallo que había concedido el “cese de la prisión preventiva” para Enrique Augusto Barre, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y torturas conocido como “Pozo de Banfield”.