De acuerdo a la resolución dispuesta por el procurador general de la Nación interino, se ampliarán las facultades de la ex UFESE, cuyas siglas pasarán a ser ahora UFECO. La flamante dependencia asistirá a otras del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la investigación de los delitos de criminalidad organizada en el ámbito federal.
Por decisión del procurador general de la Nación interino se creó la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la cual tendrá competencia en esa jurisdicción y en la correspondiente a la Fiscalía Federal de Reconquista.
En línea con los últimos informes epidemiológicos por la pandemia por el COVID-19, se resolvió que a partir del 1º de abril se retome con la actividad habitual en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal. Además, se especificó que sólo se autorizará el teletrabajo en aquellos casos excepcionales.
Se trata de una herramienta que fue impulsada por el procurador general de la Nación interino, y que será gestionada conjuntamente por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, y la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja.
Entre el 17 de agosto y el 1º de octubre pasado, la Dirección General de Acceso a la Justicia recibió 1.459 consultas tras la vuelta al trabajo presencial en los territorios donde presta su atención funcional. La variable “Pobreza” representó el factor de vulnerabilidad más alto en los casos.
El procurador general de la Nación interino envió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación las ternas para cubrir las vacantes de las Fiscalías Federales N° 1 y 2 de Jujuy. La decisión se adoptó a través de la Resolución PGN 54/21, por la cual se dio por concluido el Concurso N° 111.
El procurador general de la Nación interino dispuso que a partir del 17 de agosto todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal deberán asegurar la atención presencial, sin perjuicio de que sus titulares también mantengan el trabajo por medios virtuales.
Entre otras de sus tareas, se indicó que continuará con la labor desarrollada hasta ahora por el Área de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Estará a cargo de la fiscal de la Procuración General de la Nación, María Luisa Piqué.
En consonancia con la nueva extensión de las medidas de distanciamiento social, se mantendrán hasta esa fecha las disposiciones establecidas en cuanto a la potestad de cada magistrado del Ministerio Público Fiscal de fijar la modalidad de trabajo de cada dependencia y los lineamientos señalados en orden a la inasistencia de las personas por distintos factores.
A tono con la nueva extensión de las medidas de asilamiento y distanciamiento social dictadas por la Casa Rosada, el procurador general de la Nación dispuso mantener las disposiciones establecidas en cuanto a la potestad de cada magistrado del Ministerio Público Fiscal para establecer la modalidad de trabajo según el esquema de fase en el que se encuentre su territorio.