La Procuración General le propuso al Poder Ejecutivo la posibilidad de que se pueda llevar adelante una modificación normativa para reemplazar el sistema vigente de montos fijos aplicable al contrabando menor, ya que actualmente se consideran delitos conductas que antes encuadraban en infracciones aduaneras.
Gustavo Sáenz se reunió con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien le solicitó la designación “urgente” de más fiscales federales para su provincia. Planteó esa necesidad ante la implementación del sistema acusatorio, el Plan Güemes y por los límites internacionales de la provincia
Sorpresivamente, desde Casa de Gobierno comunicaron que el Presidente brindaría un mensaje por cadena nacional, aunque evitaron dar precisiones sobre su contenido. Sin embargo y contrario a lo que se pensaba, no habló de temas de la gestión, sino de un viaje que habrían compartido jueces y empresarios a Lago Escondido.
La Cámara Alta nacional volverá a sesionar para tratar unas serie de proyectos, entre los que figuran uno referido a la designación de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, así como también otro que modifica la Ley de limitación de las tasas de interés por mora aplicadas a las tarjetas de crédito.
Entre otras de sus tareas, se indicó que continuará con la labor desarrollada hasta ahora por el Área de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Estará a cargo de la fiscal de la Procuración General de la Nación, María Luisa Piqué.
Empujados por un reclamo generalizado de la sociedad (especialmente hacia la clase política), los jueces también decidieron hacer “un gesto” de solidaridad ante la pandemia por el coronavirus.
Con el objetivo de contribuir en los procesos por infracción a la cuarentena, la Procuración General de la Nación habilitó la designación de un auxiliar fiscal para las fiscalías federales que se encuentren de turno. Es aplicable a las dependencias a las que no se le habían designado alguno anteriormente.
Cuatro magistrados presentaron sus renuncias, sumándose de esta manera a los otros cuatro que habían hecho lo propio a principios de semana. De esta manera, continúa la “sangría” de funcionarios del Poder Judicial mientras se discute en el Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen especial jubilatorio de ese sector.
El Máximo Tribunal de Justicia no hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada por la Asociación de Magistrados, por lo que todos aquellos funcionarios que hayan hecho su ingreso al Poder Judicial desde enero del 2017 pagarán ese gravamen.
El Defensor del Pueblo bonaerense acompañó la decisión del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para que se aplique el “Protocolo de investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres”.