El geriátrico Santa Lucía de la localidad de Saldán, adonde se produjo el primer foco importante de COVID-19 en Córdoba, y que luego irradió hacia la capital provincial y otras localidades, sería propiedad del padre de Sebastián López Peña, vocal del TSJ (Tribunal Superior de Justicia), y éste no fue imputado, como sí los médicos.