El Presidente programó una serie de encuentros en Casa Rosada junto a sus funcionarios más próximos. También recibirá a los ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, Oscar Aguad y Germán Garavano.
Los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atendieron esa cantidad de consultas durante el último año en las 89 sedes que tiene distribuidas por todo el territorio nacional.
El Ministerio de Justicia nacional y la Procuración General suscribieron un convenio con el objetivo de agilizar el intercambio de información institucional y de fortalecer los servicios de acceso a Justicia que se prestan al ciudadano.
Por medio de los Decretos 10/2018, 11/2018 y 12/2018 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional aceptó las renuncias de tres funcionarios judiciales. Se trata de dos magistrados y de una fiscal.
Tras la rúbrica del documento, se coordinarán acciones entre los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las Casas de Justicia de la Procuración General, y los Centros de Acceso a Justicia de la Nación.
El Ejecutivo nacional oficializó la designación de cuatro magistrados de los ámbitos del Trabajo y en lo Criminal y Correccional. Además, se nombró a un nuevo fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos recibió al diputado nacional Pablo Tonelli y al presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, para trazar los lineamientos del proyecto que busca reformar a ese órgano de Justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos se mostró a favor de que se lleve adelante una reforma en el sistema judicial en relación a la feria y los horarios de atención del servicio. “Creemos que es una vieja deuda de la Justicia con la comunidad”, consideró.
Por medio de tres Decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional designó a dos jueces -uno porteño y otro de Salta-; y también a un vocal de la Cámara Federal de Santa Fe.
Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad nacional concretaron la destrucción de unas 32.320 armas de fuego en una planta siderúrgica ubicada en la ciudad de Campana, en el marco de la política de Desarme implementada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).