Dos fiscales pidieron la revocación del fallo que ordenó investigar a médicos y otros funcionarios públicos por la práctica de un aborto legal para una menor de edad que quedó embarazada como consecuencia de una violación.
Por amplia mayoría, los diputados porteños dieron el visto bueno para la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
El Gobierno aceptó formalmente la renuncia “indeclinable” que había sido presentada por Adolfo Rubinstein tras la controversia iniciada a partir de la publicación de la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Boletín Oficial, que luego fue derogada.