El gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura de Córdoba los pliegos para “solicitar acuerdo para la designación de Juan Manuel Delgado como Fiscal General de la Provincia”, cargo que estaba vacante desde el 2018. “En vez de elegir algún jurista independiente, resolvió a favor de un empleado del gobierno, para así garantizar que nada se investigue en la Provincia”, se quejaron desde la oposición.
El gobierno de la provincia de Córdoba debió reconocer que el nieto del presidente provisorio de la Legislatura local, Oscar González, fue vacunado con una dosis de la Sputnik V. “Es personal esencial afectado al operativo de coronavirus del Ministerio de Salud”, justificaron.
La Legislatura de Córdoba continuará con un esquema mixto que en sus sesiones combina legisladores en el recinto con otros que se conectan en forma virtual, pero este año se elevó al 50% el número de autorizados a estar en la sala, garantizando el distanciamiento y los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias.
El gobernador Juan Schiaretti pronunció el discurso de inauguración del período ordinario de sesiones de la Legislatura de Córdoba afirmando que en todo el país, y también en la provincia, “hay una nueva realidad fruto de la pandemia, pero la pandemia no puede ser la única realidad”.
En la Legislatura de Córdoba, los bloques de la UCR y de la Coalición Cívica-ARI criticaron con dureza la decisión del Gobierno nacional de retirarse como querellante en las causas por corrupción. El planteo opositor fue rechazado por el peronismo, que tiene la mayoría.
La Legislatura de la provincia de Córdoba repudió las declaraciones realizadas por el periodista y conductor del canal C5N, Gustavo Sylvestre, quien llamó “cobardes” a los combatientes de Malvinas.
El legislador peronista Oscar González presentó un proyecto de resolución para rechazar “toda acción impulsada por operadores comerciales, mediáticos u otros, tendientes a promocionar, difundir o inducir de modo directo o indirecto, las categóricamente falsas ventajas producidas por el suministro de dióxido de cloro a personas humanas, con fines terapéuticos”.
La Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó por mayoría la modificación del Código de Convivencia Ciudadana para implementar penas a quienes agravien al personal de salud durante la pandemia del COVID-19.
La Legislatura de Córdoba tratará un proyecto de ley para multar con entre 5.000 y 500.000 pesos a las personas humanas o jurídicas que incumplan los protocolos y medidas sanitarias dispuestas para contener la propagación del coronavirus.
El bloque de legisladores de la UCR presentó un proyecto de declaración para instruir a los senadores nacionales por la provincia a votar en contra del proyecto de expropiación de la cerealera por parte del Gobierno nacional. Además, los radicales sugieren que todos los diputados nacionales que representan a Córdoba actúen en idéntico sentido.