De acuerdo a la actualización trimestral sobre las principales variables estadísticas relativas al proceso de “verdad y Justicia”, durante ese período fueron condenadas 1.070 personas. Además, hay 750 personas detenidas, de las cuales 565 permanecen cumpliendo arresto domiciliario.
La condena contra los presuntos responsables por la muerte de un detenido por violaciones a los derechos humanos, Héctor Febres, fueron anuladas por la Cámara de Casación y la causa quedó ahora a un paso de prescribir.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció que un episodio de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se encamina hacia la impunidad por la demoras en resolver cuestiones pendientes por parte del Poder Judicial.
La Cámara Federal de Casación Penal volvió a fallar a favor del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, acusado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La Cámara Federal de Casación confirmó la anulación de las indagatorias de los jueces María Alicia Noli (Tucumán), José María Pérez Villalobo (Córdoba) y Juan María Ramos Padilla (CABA), acusados por represores presos por delitos de lesa humanidad por su intervención en un juicio por violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero.
Dos acusados de represión durante la última dictadura militar obtuvieron por segunda vez un fallo favorable de la Cámara Federal porteña, que los benefició con sendas “falta de mérito”.
El probable futuro procurador general de la Nación, Daniel Rafecas, se anotó un nuevo éxito en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura: la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva para un ex represor del Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como Mansión Seré.
Un ex integrante de la banda armada paramilitar de ultraderecha denominada Triple A, que operó en la Argentina durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y fue el antecedente inmediato de la represión de Estado durante la dictadura, seguirá preso.
La fiscalía federal y las tres querellas que intervienen en el juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la provincia de Salta pidieron penas de entre 15 años y prisión perpetua para el ex juez federal Ricardo Lona, ya involucrado en otros procesos por hechos de similar naturaleza.
Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar los recursos de casación de seis condenados -entre los que se encuentra Alfredo Astiz- por graves violaciones a los derechos humanos.