Se trata de dos iniciativas trabajadas en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja nacional que proponen modificar el Código Penal y la ley de Violencia de Género con el objetivo de tipificar como delito la violencia de género en el ámbito digital.
Los integrantes de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja nacional se reúnen para analizar modificaciones a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
De acuerdo a un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se produjeron 289 femicidios en ese año. “Los datos evidencian que el aislamiento por la pandemia del COVID-19 generó un impacto significativo en el aumento de estos casos”, analizaron.
Representantes de los ministerios bonaerenses de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; de Seguridad; y de Gobierno, realizaron un encuentro para trabajar sobre políticas de prevención y abordaje sobre violencia de género.
La Defensoría del Pueblo bonaerense alertó que durante el primer semestre del 2020 al menos 41 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre en la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de los femicidios. “El Estado tiene que intervenir ante esta situación y actuar rápidamente para garantizar los derechos de quienes quedan desamparados”, remarcaron.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; y el subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), Juan José Böckel, suscribieron un convenio marco de colaboración técnica en materia de femicidios.
La Justicia encontró responsable al fiscal Julio César Castro por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades, y lesiones leves agravadas en perjuicio de su ex pareja. No obstante, el acusado permanecerá en libertad hasta tanto la sentencia quedé firme.
Mendoza se sumó a las provincias que adhieren a la llamada “Ley Micaela”, que establece una capacitación obligatoria en la cuestión de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías del Estado.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acordó con su par de esa provincia la entrega de dispositivos que serán utilizados para garantizar el cumplimiento de medidas cautelares en el marco de procesos judiciales de violencia contra las mujeres. Con este convenio, ya son 20 las provincias adheridas al sistema.
La Legislatura de Chaco sancionó la ley que declara la “Emergencia Social por Violencia de Género” en todo el ámbito de esa Provincia por el término de dos años, plazo que podrá prorrogarse, por igual término, si subsistieran las causas que dan origen a la declaración.