Dos proyectos impulsan la adhesión de la provincia de Chubut a la “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en “género y violencia contra las mujeres” para quienes integran los tres poderes del Estado.
El gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, decretó la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral”, y envió a la Legislatura provincial un proyecto de adhesión a la Ley Micaela, que tiene como objetivo “capacitar y sensibilizar” a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.
El Ministerio de Justicia de la Nación concretó la entrega de los dispositivos para ambas provincias, que constituyen una herramienta para la efectiva ejecución y sanción de las medidas cautelares en casos de violencia de género.
La gobernadora bonaerense presentó la aplicación que servirá para que las víctimas puedan realizar las denuncias sin la necesidad de ir a una comisaría. Una vez recibido un código, tendrá un plazo de cinco días para ratificar la misma en la fiscalía.
El gobernador de Chaco, el peronista Domingo Peppo, envió a la Legislatura un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para crear el Registro Provincial de Agresores.
La legisladora bonaerense Karina Nazabal presentó una iniciativa para que se intensifiquen las acciones en torno a este flagelo que sufren las mujeres y, además, se pueda difundir ayuda mediante la línea gratuita 144.
Tras el crimen de Micaela García en Entre Ríos y ante los sucesivos casos de violencia contra las mujeres, el Gobierno resolvió reactivar un espacio interdisciplinario por medio de una Resolución para combatir esta problemática.
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