La Procuración Penitenciaria de la Nación emitió un documento con recomendaciones “para la adopción de medidas específicas de actuación en la totalidad de los establecimientos federales ante la pandemia del coronavirus”.
Con el objetivo de contribuir en los procesos por infracción a la cuarentena, la Procuración General de la Nación habilitó la designación de un auxiliar fiscal para las fiscalías federales que se encuentren de turno. Es aplicable a las dependencias a las que no se le habían designado alguno anteriormente.
La entidad formalizó ese pedido mediante una nota enviada a la Corte Suprema de Justicia nacional. Basó su solicitud en el “altísimo” tránsito de abogados, magistrados, empleados y justiciables por los tribunales y por la declaración de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno.
El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación resolvió otorgar la licencia de sus tareas, con goce de haberes, para todos aquellos funcionarios o empleados del Poder Judicial que hayan regresado al país procedentes de algunas de las zonas de circulación de la enfermedad.
La Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento para barras bravas de River Plate acusados de liberar molinetes de acceso en el Estadio Monumental y fraguar entradas para socios, como medio para financiar las actividades de ese grupo violento.
Dos abogados, Yamil Santoro y José Mangiocalda, denunciaron penalmente al ahora ex diputado y flamante embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, por el presunto delito de “usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Dos acusados de represión durante la última dictadura militar obtuvieron por segunda vez un fallo favorable de la Cámara Federal porteña, que los benefició con sendas “falta de mérito”.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema recibió 12.457 casos el año pasado, la cifra más alta en sus once años de trabajo ininterrumpido, que involucraron a unas 16.449 personas afectadas por hechos de violencia. La mayoría de ellos fueron derivados a la Justicia civil y/o penal.
La Justicia comenzará a juzgar a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, quienes fueron imputados por los delitos de “homicidio” y “asociación ilícita” por la muerte del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, ocurrido en el ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur el 3 de abril de 1975.
La jueza Marta Cirulli dispuso la intervención plena de la compañía y el desplazamiento de los directivos hasta tanto se finalice con el proceso de salvataje de la sociedad. Las medidas fueron solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín.