El ex vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, tiene cada vez más cerrada la posibilidad de recuperar la libertad antes de cumplir la condena a cinco años y diez meses por la Causa Ciccone.
La ex conducción del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue denunciada por organizaciones de realizadores independientes de cine, que las acusaron de haber malversado el presupuesto del organismo, cuyo fin debió ser promover el cine argentino.
El Poder Judicial argentino aceptó nuevamente aplicar el concepto de “Justicia internacional” para seguir investigando juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen que sojuzgó a España entre 1939 y 1975, bajo el régimen de Francisco Franco.
Ibar Pérez Corradi recibió esa condena luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 lo considerara como el responsable de haber realizado una serie de maniobras para darle apariencia de licitud a fondos provenientes de la denominada “mafia de los medicamentos”.
En el ejercicio de la Superintendencia del edificio, la Cámara Federal de Casación Penal informó, luego del principio de incendio registrado en las planta baja de esos tribunales, que afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad, así como tampoco la pérdida de documentación.
La dependencia a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, atendió a 1.496 personas por hechos de violencia familiar. Las principales afectadas fueron las mujeres adultas, con el 59 por ciento de los casos.
La Justicia argentina le proporcionó un nuevo revés judicial al sindicalista Marcelo Balcedo, detenido en prisión domiciliaria en Uruguay, donde tiene propiedades. Está imputado por múltiples delitos por la Justicia Federal de La Plata, en una causa paralela a la que tramita en Uruguay.
Pese al intenso debate sobre la existencia o no de “presos políticos”, los fallos judiciales siguen perjudicando al ex vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou.
El magistrado falleció a los 64 años en su domicilio, según confiaron fuentes judiciales. Estaba en uso de su licencia y se preveía que en marzo recién retomaría con sus actividades. Tuvo a su cargo importantes investigaciones durante su carrera judicial.
La Justicia correntina hizo lugar al pedido de la damnificada y señalaron, entre otros aspectos, que se está “en presencia de derechos humanos que trascienden el derecho positivo, y más aún porque la amparista justificó reclamos puntuales de cobertura de acuerdo a lo peticionado por sus médicos tratantes”.