La Justicia federal deberá investigar la posible “existencia de actividades compatibles con el delito de trata de personas” en un domicilio de la calle Guardia Vieja, de esta Ciudad, según lo determinó la Sala Segunda de la Cámara Federal.

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun dirimieron una “contienda de competencia negativa” que se había planteado entre el juzgado federal dos, a cargo del magistrado Sebastián Ramos y el juzgado en lo criminal de instrucción 40.

Para llegar a esa determinación los magistrados entendieron que “aún restan llevarse a cabo medidas de prueba en relación a la denuncia que originara la presente investigación, que permitan descartar la existencia de actividades compatibles con el delito de trata de personas en el domicilio investigado”.

En ese aspecto, “consideramos necesario profundizar la pesquisa en torno a las condiciones en las que se desarrollaba y -a pesar de que el local fue clausurado el 7 de mayo del año 2013 por disposición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- seguiría desplegando el ejercicio de la prostitución en el domicilio indicado”.

Las medidas deberán “determinar en concreto la identidad de las mujeres que allí trabajan, el modo en que iniciaron su actividad en el lugar, si fueron especialmente contactadas por alguna persona al efecto y la modalidad en la que ofrecen sus servicios sexuales, determinándose horarios, frecuencia, porcentaje que perciben por ello, existencia de descuentos o retenciones por algún concepto”.

El conflicto de competencia -ahora dirimido por la Cámara- se planteó porque la actividad del burdel y los presuntos delitos en ese ámbito deben ser investigados por la justicia ordinaria, en cambio si se sospecha la existencia de posible trata de personas en ese caso la pesquisa debe estar a cargo de la justicia federal.