Ex funcionarios porteños durante la gestión de De la Rúa, al borde del juicio oral

La Cámara del Crimen puso al borde del juicio oral a un grupo de ex funcionarios porteños que trabajaron durante la gestión de Fernando De... Por Cuarto Intermedio

La Cámara del Crimen puso al borde del juicio oral a un grupo de ex funcionarios porteños que trabajaron durante la gestión de Fernando De la Rúa antes de ser Presidente de la Nación, por el presunto delito de “peculado” en las adjudicaciones de obras de reparación de escuelas públicas.

La Sala Cuarta del Tribunal dejó firmes los procesamientos contra los ex funcionarios que dispusieron obras de reparación en la “Escuela nº 5 Jardín de Infantes Provincia de Santa Fe”, situada en la calle Pico 2689 de esta Ciudad, consistentes en “trabajos de demolición, albañilería, mampostería, contrapisos, solados, cielorrasos, instalaciones de electricidad, gas, pluvial, cloacal y sanitaria y pintura” entre 1998 y 2000.

Las irregularidades investigadas “se habrían cometido en el marco de las contrataciones directas o licitaciones privadas llevadas a cabo en el ámbito de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, que a su vez integraba la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En el caso del jardín de infantes, “la obra fue adjudicada a una empresa que no había sido invitada a participar en la contratación directa, respecto de la cual -más allá de que se hubiera ejecutado la tarea- no se ejerciera ningún tipo de control, inspección ni detalles de erogaciones durante su desarrollo”.

“Se añade el pago de un sobreprecio”, por lo que el tribunal determinó que se trató de “una maniobra de desvío de parte de los caudales públicos afectados a tal fin, en provecho de quienes tenían a su cargo la administración de esos fondos”.

El procesamiento comprende a los ex funcionarios José Luis Vila, Julio César Godoy, Héctor Ricardo Moauro y Salvador Jorge Enacam, y la causa forma parte de una serie de expedientes de naturaleza similar en la que se investiga una supuesta millonaria defraudación contra el erario porteño.

Los procesados sufrieron embargos de entre tres y diez millones de pesos.