Comienza juicio en Bahía Blanca contra cuatro miembros de la Triple A

La Justicia comenzará a juzgar a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, quienes fueron imputados por los delitos de “homicidio” y “asociación ilícita” por la muerte del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, ocurrido en el ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur el 3 de abril de 1975. Por Cuarto Intermedio

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, el próximo lunes 9 de marzo se dará inicio al juicio contra cuatro miembros de la organización criminal paraestatal Triple A por los delitos de homicidio y asociación ilícita perpetrados durante la dictadura militar.

De esta manera y según lo informado por el sitio Fiscales.gob.ar, quienes deberán comparecer ante el Tribunal la próxima semana son Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero (también se encontraba procesado Héctor Oscar Chisú, que falleció antes de llegar a juicio y se declaró extinta la acción penal en su contra).

Por el asesinato del militante David Hover “Watu” Cilleruelo se encuentra imputado Aceituno, quien llega a la etapa de debate oral y público bajo la calificación penal “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”.

El resto de los acusados, en tanto, afrontarán los cargos presuntamente cometidos en Bahía Blanca durante el periodo histórico mencionado, en el cual se produjo la instrumentación de un programa de persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia, había solicitado en el requerimiento de elevación a juicio que el accionar de los imputados sea calificado como “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio”.

Por último y según lo detallado por el MPF en el requirimiento, los acusados integraban un grupo de choque conectado con una política estatal, que “determinó una particular forma de operar en el que ese carácter civil se vio diluido en la presencia del propio Estado, que colocó sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos, o la garantía de no interferencia y de impunidad”.