El proyecto faculta al Ministerio de Salud para que dirija y organice el sistema sanitario provincial, tanto público como privado, para lograr una “respuesta integral y efectiva a la situación de emergencia actual, mediante las acciones de contención, derivación y tratamiento”.

La iniciativa busca que las medidas que establezca el Ministerio de Salud durante la situación de emergencia serán de acatamiento obligatorio para los prestadores del sector privado y los financiadores del servicio de salud, cuyos afiliados sean residentes permanentes en la provincia, como así también por los establecimientos sanitarios municipales y comunales.

Además, se establece que se considerará una falta grave el incumplimiento o el cumplimiento parcial o defectuoso de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud, lo que dará lugar a la aplicación de sanciones.

El proyecto dispone la adhesión de la provincia de Córdoba a la Emergencia Pública Sanitaria declarada por el Gobierno nacional.

Finalmente, crea el Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas, formado por 1.200 millones de pesos y por las demás sumas que se le asignan. Su finalidad será solventar las acciones que requiera la emergencia.