“Lo que le dije al jefe de la Policía, y seguramente el jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden. Si tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un juez o a cualquiera”.

(Cuarto Intermedio  – 14 de diciembre de 2009) – Podría ser otra bravuconada de Aníbal Fernández, pero ahora es una causa judicial. La presentó el  abogado Enrique Piragini (un personaje minimizado hasta que hace algunas semanas el grupo Clarín descubrió que podía serle útil en su pelea con el gobierno), que lo denunció por “injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial”.

El caso es el de la interna de los Aeronavegantes: la Justicia descubrió que hubo trampa en una elección; las esquirlas apuntan en dirección a Alicia Castro y Héctor Recalde, y Piragini denunció a Aníbal por “desobediencia y violación de los deberes de funcionario público” por presuntamente “desconocer la orden judicial de intervenir la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) emitida por el juez José Sudera, en virtud de lo decidido por la Sala Cuarta de la Cámara Nacional del Trabajo”.

Según Piragini, al incumplir la orden judicial, el gobierno tuvo “el afán de beneficiar a la Lista Verde, que responde a la actual embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro”.